Abusos de la Iglesia en Irlanda


Ríos de tinta están corriendo en relación al Informe Cloyne,  de reciente publicación, en el que se estudian los abusos de que fueron objeto  varios menores en la diócesis de Cloyne. No es la  primera vez que una comisión oficial publica un informe que recoge los abusos  de todo tipo que han ido sufriendo niños y niñas de Irlanda durante los siglos  XX y XXI. En esta entrada voy a hablar de los dos más importantes, por  llamarlos de alguna forma, los dos informes oficiales (elaborados por comisiones designadas por el Dáil): CICA y Cloyne

CICA (Commission  to Inquire Into Child Abuse – Comisión para la Investigación de Abusos a Menores)

Esta comisión comenzó su andadura en 2000 y el informe se  publicó el 20 de mayo de 2009, un informe conocido como el Informe Ryan, por el  nombre del presidente de la comisión que lo elaboró tras la correspondiente  investigación, el juez Séan Ryan. A esta comisión se le encomendó investigar cualquier  tipo de abuso a menores que se hubiese producido en instituciones para el  cuidado de la infancia. La mayoría de las investigaciones se circunscribió a  sesenta ‘Escuelas Reformatorio y de Oficios” que regían diferentes órdenes católicas,  financiadas y supervisadas por el Departamento de Educación.

La historia de estas instituciones se remonta al siglo XIX. En  actas del parlamento británico de 1858 se recoge la creación de Escuelas  Reformatorio para menores de edad que cometiesen algún tipo de delito y en  actas de 1868, la creación de Escuelas de Oficio para huérfanos o indigentes. La iglesia católica quería formar parte de estas instituciones siempre que los  menores perteneciesen a familias de su religión, por lo que fueron poco a poco  copando la regencia de las mismas, con fondos del estado.

En 1908 se aprobó una ley que regulase los castigos  corporales en dichas instituciones. Todo siguió igual. Hubo otros intentos de  revisión en 1936 o en 1941, con el mismo éxito, nulo.

En la década de 1960, con Irlanda llamando a las puertas de la Unión Europea, el sistema  educativo se revisó por completo, lo que propició que poco a poco, a partir de
1969, se fuesen cerrando estas instituciones, si bien ni el estado, ni la  iglesia católica ni los servicios sociales sabían a ciencia cierta qué estaba ocurriendo.

Y llegó la década de 1990. Una serie de declaraciones en los  medios de comunicación de antiguos internos provocó la interposición de demandas judiciales de muchos afectados.  Una serie documental que se emitió por la RTE entre abril y mayo de 1999 bajo el título ‘States of Fear’ (Estados de Terror), en la que se recogían testimonios  de los afectados, removió conciencias y rompió silencios. Entonces, en el  Parlamento empezaron a oírse voces cuestionando qué había estado ocurriendo en  esas instituciones. El Taoiseach Bertie Ahern declaró: “En nombre del Estado y de todos sus ciudadanos, el Gobierno desea hacer una declaración formal de disculpa a todas las víctimas de abusos a menores por nuestro fallo colectivo a la hora de intervenir, detectar su dolor, e ir en su rescate”.

Ante la inminente oleada de juicios que se vaticinaban, y  siendo conscientes de las altas probabilidades de que el Estado fuese declarado  culpable como responsable último, el gobierno decidió dar un paso. En 2000 se  aprobó la creación de la CICA, concebida como un cuerpo oficial independiente para recoger las experiencias de los exalumnos de estas instituciones residenciales (como se empezó a denominar a las escuelas, orfanatos, reformatorios, escuelas de formación y cualquier otra institución encargada de cuidar a los niños en lugar de sus respectivas familias) e investigarlos. Se creó, paralelamente, otro órgano llamado “Redress Board” (Junta de Compensación), que determinaría la cantidad que debería abonarse en cada caso como indemnización. El, primer problema con que se topó fue la falta de colaboración por parte de la Iglesia. Ninguno de sus miembros declaró nada.

Las funciones de la CICA eran cuatro:

– Escuchar a las víctimas de abusos a menores que quisieran contar sus experiencias.

– Investigar con todo detalle cualquier denuncia.

– Contemplar si el modo en que se dirigían, administraban, supervisaban y regulaban estas instituciones contribuyeron a que se produjeran los abusos.

– Publicar un informe público con sus conclusiones y recomendaciones para enfrentarse a los efectos de dichos abusos y prevenirlo en el futuro en dichas instituciones.

Se establecieron cuatro tipos de abusos:

Abuso físico: provocar, o fracaso en evitar, cualquier heridas física al menor.

Abuso sexual: utilizar a los menores para excitarse sexualmente o satisfacción sexual.

Negligencia: descuidar al menor de modo que ponga en riesgo o provoque serios efectos adversos.

Abuso emocional: cualquier otro acto u omisión hacia el menor que pusiese en riesgo o provocase una incapacidad o algún efecto adverso de importancia.

El informe de la comisión se publicó el 20 de mayo de 2009 (puede descargarse en esta dirección, en inglés: Informe Ryan), en 5 volúmenes, con 43 conclusiones y 20 recomendaciones.

Las conclusiones a las que se llegó fueron las siguientes:

Conclusiones generales: Los abusos físicos y emocionales y la negligencia eran características de las instituciones. En muchas de ellas se produjeron abusos sexuales, especialmente en las masculinas. Las escuelas se regían de manera cruel y en un régimen que imponía una disciplina excesiva y opresiva en los menores e incluso en el personal.

Abuso físico: Los reformatorios y escuelas de oficios se sustentaban en un control rígido a través de severos castigos corporales y el miedo a estos. La mayor parte de las instituciones, y todas las dirigidas a niños, estaban impregnadas de un clima de terror, creado por unos castigos omnipresentes, excesivos y arbitrarios. Los menores vivían día a día con el miedo de no saber cuándo llegaría la siguiente paliza.

Abuso sexual: Los abusos sexuales eran endémicos en las instituciones para niños. La investigación en estos centros reveló niveles de abusos a los chicos que oscilaban entre diferentes tocamientos hasta violaciones. Los autores de estos abusos podían pasar desapercibidos durante largos períodos para los regentes de la institución. Cuando las autoridades eclesiásticas tuvieron que enfrentarse a las pruebas de abusos sexuales, su respuesta era trasladar al culpable a otra institución donde, en muchas ocasiones, era libre de volver a cometer tales abusos. No se tenía en cuenta la seguridad de los menores. La situación en las instituciones femeninas era diferente. Aunque eran objeto de abusos sexuales por parte de empleados o visitantes, el abuso sexual no era endémico.

Negligencia: Los denunciantes, hombres o mujeres, informaron de muy baja calidad de cuidado físico. Los menores a menudo pasaban hambre y la comida era poco apropiada, incomestible y mal cocinada en muchas de las escuelas. El alojamiento era frío, espartano y lóbrego. La sanidad era primitiva en la mayor parte de las escuelas para niños y las condiciones higiénicas paupérrimas.

Abuso emocional: Los testigos hablaron de que eran minusvalorados y puestos en ridículo de manera habitual. Se aprovechaban los momentos más íntimos, como la hora de hacer las necesidades o de higiene personal, para la humillación y degradación. Se denigraba al individuo como persona y a su familia. El clima de crítica e insulto era constante: se tildaba a los menores de inútiles.

Supervisión del Departamento de Educación: el sistema de inspección estaba viciado y era incapaz de ser efectivo. Las quejas que los padres y otras personas presentaban ante el departamento no se investigaban correctamente. En vez de aplicar sus propios criterios, buscaban proteger y defender a las congregaciones religiosas que regían las escuelas. Las denuncias de abusos sexuales bien se desestimaban o se ignoraban directamente.

La investigación documentó casos que se remontan hasta 1914 y otros, más cercanos, denunciados en 2000. El informe, de unas 2.500 páginas, es un catálogo de “abusos sexuales crónicos” y de maltratos físicos y emocionales infligidos “sobre miles de menores desfavorecidos, abandonados y olvidados” tanto por religiosos como por personal laico.

El texto también lanza duras críticas contra la jerarquía católica irlandesa, a la que acusa de pasividad ante los abusos cometidos por individuos reincidentes. Entre las órdenes religiosas investigadas figuran las Hermanas de la Misericordia -a cargo del mayor número de instituciones para menores-, los Hermanos Cristianos -el principal gestor de instituciones para chicos de entre 10 y 16 años de edad- y las Hermanas de Nuestra Señora de la Caridad y Refugio. Estas últimas administraban las infames “Lavanderías de la Magdalena“, popularizadas por la película “Las hermanas de la Magdalena” (2002), donde se recluía a jóvenes de supuesta vida disoluta bajo un régimen de esclavitud y continuas humillaciones. Otra película que versa sobre este mismo tema es “Los Niños de San Judas” (2003), que narra las vicisitudes en un reformatorio de niños.

EL INFORME CLOYNE

Publicado en julio de 2011, este informe recoge e investiga las denuncias presentadas por abusos contra 19 religiosos de la diócesis de Cloyne (Cork) y la manera en que la jerarquía eclesiástica las abordó, que se reportaron a la diócesis de Cloyne entre los años 1996 y 2009. Se puede leer el informe completo, en inglés, en esta dirección: Informe Cloyne)

Las principales conclusiones a las que se ha llegado son las siguientes:

– El Obispo John Magee mintió en una investigación previa acerca de cómo estaba tratando las denuncias.

– Entre 1996 y 2009, la diócesis no comunicó 9 de las 15 denuncias contra los sacerdotes.

– El fallo más grave fue la no denuncia de dos casos en la que los denunciantes eran menores en el momento en que se produjo la denuncia.

– Mientras que la diócesis apoyaba de manera pública los procedimientos de protección a los menores, jamás se implicó en su puesta en funcionamiento.

– La diócesis dio demasiada importancia a las preocupaciones de los presuntos infractores.

– El Obispo John Magee debe ser el máximo responsable por el fracaso de implementar los procedimientos.

– La diócesis de Cloyne ignoró las propias directrices de la Iglesia establecidas en 2009 para la protección del menor.

– En la mayoría de los casos, no se puso en conocimiento de la Garda (policía de Irlanda) las denuncias por abusos contra los clérigos.

– Monseñor Denis O’Callaghan obstaculizó la puesta en marcha en Cloyne de la política de protección de menores y dijo a la Comisión que estaba muy disgustado por ello.

– Monseñor O’Callaghan ocultó en primera instancia la identidad de uno de los autores a las autoridades para posteriormente intentar que fuese investigado por un oficial dela Garda concreto.

– La Comisión no puede entender cómo Monseñor O’Callaghan llegó a la conclusión de que uno de los casos que el informe determina como ‘claro e inequivoco’ para él no lo fuese.

– También se critica al Vaticano y sus representantes. El nuncio papal respondió a la solicitud de información que se le hizo llegar pero replicó que ‘no podía ayudar en ese asunto’.

– La Comisión no puede aceptar que existiese una verdadera investigación de las denuncias por parte de la Garda, aunque ellos insisten en que se efectuó.

La propia diócesis dice lo siguiente:

 El Informe Cloyne ha investigado las quejas remitidas a esta diócesis o a las autoridades civiles por hechos ocurridos entre 1930 y 2009. De los 19 religiosos que se mencionan en el informe, 2 no pertenecen a esta diócesis (uno es miembro de una orden religiosa y el otro se retiró en la diócesis de Brisbane) y otro no ha podido ser identificado.

De los restantes 16 clérigos de la diócesis, en 11 casos parece que las pruebas permiten hablar de posibles casos de abusos sexuales. Uno de los religiosos ya ha sido juzgado y condenado. De estos 11, 7 han fallecido, 1 ya no es sacerdote y otros 3 no profesan.

Tras la publicación del informe, el Dáil condenó la semana pasada, a través de una moción, el papel de la Iglesia en este asunto. El primer ministro de Irlanda, Enda  Kenny, inculpó el miércoles a la Santa Sede de frustrar las investigaciones de los casos de pedofilia y torturas a menores irlandeses. Durante su aparición ante el Parlamento irlandés, Kenny destacó que el informe Cloyne deja claro que el Vaticano intentó obstaculizar la investigación, aconsejando a los obispos católicos que no denunciaran  los supuestos sacerdotes pedófilos.

El primer ministro agregó que la cultura del Vaticano estaba dominada por “la disfunción, el elitismo y el narcisismo”. Según Kenny, la Santa Sede minimizó los abusos y la tortura de niños con el fin de mantener la reputación de la iglesia.

El informe Cloyne ya ha provocado un conflicto sin precedentes entre Irlanda, con una mayoría católica de la población, y la Iglesia, que históricamente ha tenido una gran influencia en el país. “Las relaciones entre la iglesia y el estado en Irlanda nunca podrán volver a ser como antes”, precisó el primer ministro irlandés.

Durante el debate parlamentario del informe Cloyne algunos miembros del Parlamento han llamado a la expulsión del representante diplomático del Vaticano en Irlanda como protesta por la postura que está tomando la Santa Sede hacia el escándalo de la diócesis de Cloyne. “El Gobierno espera la respuesta de la Santa Sede”, dijo Enda Kenny.

El portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, ha dicho que las recomendaciones que la Santa Sede ha dado a los sacerdotes sobre este asunto no indican que el Vaticano quiera subestimar los casos de violaciones de niños.

Fuentes:

Wikipedia

Agencia EFE

Childabusecommission.ie

Oneinfour.ie

Cloynediocese.ie

Deja un comentario

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s